RELIGIOSAS
En mi anterior artículo sobre la crisis espiritual de la democracia me refería a las virtudes y valores de la democracia desde las perspectivas de la filosofía política, la antropología y la teología pública. Nos preguntábamos si es posible que se pueda mantener viva una democracia cuando se debilitan las convicciones morales, la salud cívica y la amistad social que permite reconocer al otro como conciudadano. La expresión crisis espiritual no se refiere aquí como sinónimo de pérdida de prácticas confesionales o como diagnóstico religioso de la sociedad. Me refiero más bien a las condiciones éticas del debate electoral, al papel de las instituciones, la polarización y la responsabilidad del voto. En este sentido la perspectiva cristiano-católica, la aportación de la teología y de la Doctrina Social de la Iglesia se presentan como una contribución al espacio público plural, no como un programa de partido ni como pretensión de substituir la deliberación democrática por una autoridad religiosa. La propia doctrina católica reconoce la autonomía legítima de la comunidad política y la distinción entre Iglesia y Estado.
Las democracias no son únicamente unos procedimientos para la elección de gobernantes. Exigen instituciones, derechos y deberes, pero fundamentalmente una cultura cívica y una amistad social capaz de sostenerlos.
La desinformación, la instrumentalización de la sociedad con el fin de obtener el poder, la polarización intencionada con el fin de reducir la política a una competición para los abusos de autoridad, debilitan esa cultura.
Las recientes publicaciones a este respecto aportan datos relevantes. Por ejemplo, desde la filosofía, Habermas y Ratzinger permiten pensar la legitimidad mediante la deliberación pública; Charles Taylor nos ayuda a comprender las fuentes éticas de la modernidad; MacIntyre y Adela Cortina analizan la fragmentación del lenguaje moral; Daniel Innerarity subraya la complejidad de la democracia contemporánea.
Jose Ratzinger-Benedicto XVI por concretar el pensamiento de algunos de los autores citados, propone que el Estado liberal no puede producir por decreto todas las disposiciones morales que necesita. Las instituciones dependen de ciudadanos y de gobernantes capaces de reconocer los límites, los derechos y las responsabilidades. Su reflexión sobre el derecho natural y los fundamentos éticos del Estado nos invita a preguntarnos qué debe proteger a las políticas para no convertirse en simple voluntad del poder. Esta aportación, leída en un marco pluralista, debe interpretarse de tal manera que en una sociedad democrática, ninguna tradición puede reclamar automáticamente que sus conclusiones se transformen en leyes para todos. Pero, por lo mismo, tampoco debe excluirse de antemano a las convicciones religiosas del debate público. De hecho, a la Iglesia Católica se le somete cada año a un referéndum respecto a la asignación tributaria y le gana ampliamente a cualquier partido político si las cruces en la declaración de la renta se comparasen con votos.
La cuestión decisiva es la calidad de las razones, el respeto a los derechos y la posibilidad de discusión. Estudios recientes apuntan a tres cuestiones que conviene diferenciar: la calidad institucional, la distribución de posiciones ideológicas y la relación emocional entre grupos políticos. La primera exige controles, rendición de cuentas y transparencia; la segunda forma parte del pluralismo y la tercera debe evitar alcanzar niveles de hostilidad incompatibles con la aceptación del adversario para no deteriorar la convivencia.
Concluyendo: las elecciones son una manifestación de la cultura democrática. El voto es un derecho y una forma de participación pero también una decisión que afecta a otros. La libertad de conciencia exige que cada persona forme su juicio sin coacción. La campaña electoral es un tiempo legítimo de persuasión pero frente a la propaganda y a la mentira debe prevalecer siempre la verdad. La alternativa pacífica exige que quienes pierden acepten los resultados conforme a las reglas, sin renunciar a impugnar irregularidades por vías legales. La democracia no se agota con el voto. Contiene por sí misma sindicatos, comunidades religiosas, medios de comunicación, universidades, asociaciones de vecinos y espacios de participación local. En nuestras tierras de Galicia, esta dimensión se observa en la importancia de los municipios, las parroquias, las redes asociativas y del cuidado de los demás y especialmente, las comunidades rurales.
La despoblación, la distancia a servicios, el envejecimiento y la desigualdad territorial son asuntos de importancia democrática que afectan a la posibilidad de vivir con dignidad. La aportación específicamente cristiana puede formularse así: cada persona posee una dignidad por sí misma que no depende de su utilidad, productividad, color de la piel, nacionalidad, salud, edad o adscripción política. El poder es servicio y no propiedad. La justicia exige atención a los más pobres y vulnerables; la paz social necesita verdad y reconciliación.
La presencia eclesial en la vida pública será más creíble cuanto mas libre sea respecto a los partidos. La Iglesia debe denunciar injusticias y valorar moralmente decisiones públicas pero no debe convertir esta tarea en alineamiento permanente con un bloque. La autonomía institucional protege tanto la libertad religiosa como la libertad política de los fieles. La democracia necesita un alma cívica. Es una tarea común, siempre inacabada que se verifica en la forma en que los ciudadanos nos reconocemos mutuamente como iguales en dignidad.
Mario Vázquez Carballo. Vicario General de la Diócesis de Lugo